El cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección de datos es imprescindible para evitar las elevadas sanciones que pueden derivar de una inspección.

La LOPD clasifica las posibles infracciones en leves, graves y muy graves, estableciendo una gama de sanciones que van desde las 100.000 pesetas a los 100 millones de pesetas.

A modo de ejemplo, podemos señalar que no dar de alta un fichero en la Agencia de Protección de Datos es sancionado con una multa mínima de 100.000 pesetas que puede llegar, según los casos, hasta los 10 millones de pesetas. Asimismo, no tener establecidas las medidas de seguridad que ordena el Reglamento se sanciona con una multa mínima de 10 millones de pesetas, que puede llegar hasta los 50 millones de pesetas.

Evidentemente, las sanciones son muy elevadas (de las más altas en esta materia en el entorno de los países de la Unión Europea).

La Agencia de Protección de Datos dispone de un cuerpo de inspectores (cuyo número es creciente) que tienen la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus funciones. Las inspecciones de la Agencia pueden realizarse de oficio o a partir de una denuncia.

Para hacernos una idea de la actividad inspectora de la Agencia de Protección de Datos, basta con echar un vistazo a las noticias que al respecto aparecen en los periódicos:

"La actividad de inspección de la Agencia de Protección de Datos se tradujo durante el año 2000 en 622 resoluciones definitivas en vía administrativa, con un incremento del 33 por ciento en las sanciones. Todo ello generó la imposición de multas por un valor total de 1.939 millones de pesetas a responsables de ficheros de titularidad privada.
Ante este aumento de la actividad de la Agencia, su director anunció que ha solicitado el incremento del 40 por ciento de la plantilla, integrada por 62 funcionarios, "porque el aumento de la actividad este año ha sido espectacular y va a seguir creciendo"

(27 de julio de 2001, Diario ABC)

Desde su creación en 1992, la Agencia de Protección de Datos ha impuesto sanciones que ascienden a 6.336 millones de pesetas. De esa cantidad, casi 2.000 millones corresponden al pasado año. En ocasiones, el desconocimiento de los requisitos legales genera infracciones que desembocan en una sanción.

(15 de agosto de 2001, Cinco Días)

No cabe duda de que vale la pena adoptar las medidas impuestas por la Ley.